En los pasados años en el país hemos visto como, poco a poco, se están poniendo en práctica una serie de medidas dirigidas a que el estado se rinda ante los grandes intereses y de esa forma permitir que sean los excesos del sector financiero y del capital privado quienes dictamen la política pública. Esa forma de actuar es lo que comúnmente llamamos neo-liberalismo. Las propuestas neo-liberales se traducen en golpear el bolsillo de la clase trabajadora y a la vez, darle más subsidios y mano libre a los grandes intereses privados para articular sus políticas dirigidas a saquear el bien público.
En la Universidad de Puerto Rico hemos visto como, poco a poco, esas medidas han estado tocando sus puertas. Los aumentos en los costos de la matrícula a los estudiantes, la contratación de docentes sin asegurarle el empleo, la congelación de plazas de la clase trabajadora (tanto docentes como no docentes), reducción de secciones, son varias de las medidas que se han estado implementando en la UPR, especialmente en los últimos siete (7) años. Informes como los redactados por el Comité Asesor de Financiación Institucional (CAFI), el Colegio de Contadores Públicos son ejemplos de que los planes neo-liberales vienen acechando la UPR desde hace varios años. A raíz del cambio de gobierno el neo-liberalismo, representado por el Comité Asesor de Reconstrucción Económica y Fiscal (CAREF), ha tomado un empuje mayor para empobrecer a la clase trabajadora y enriquecer los grandes intereses privados. Atada a la ley que aprueba el despido de más de 30,000 empleadas y empleados públicos, se aprobó dejar sin efecto toda ley y convenio colectivo y de facto se redujo el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico en más de $180 millones de dólares. Esto se traduce en que todo aumento salarial queda suspendido, en momentos en que la inflación está en aumento, y que, según el plan diseñado por la Presidencia de la UPR, se eliminarían compensaciones, se disminuiría el ofrecimiento de clases, se congelaría la aprobación de propuestas de investigación.
Esta ley no es una única propuesta. Sino que es parte de un plan neo-liberal completo que tiene como segunda fase la aprobación de la Ley de las Alianzas Público-Privadas. Esta propuesta, a grandes rasgos, abre las puertas para la privatización de todo bien público. De la misma forma que se privatizaron los hospitales; los servicios de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, y la telefónica, se podría privatizar las escuelas, y algunos recintos de la Universidad de Puerto Rico. Sin embargo, la particularidad de esta forma de privatización, es que se establece como principio general que toda ganancia que se genere por el cobro de servicios que le corresponden al estado sería para los grandes intereses privados y cualquier pérdida le corresponde pagarla al pueblo puertorriqueño.
Estas son las realidades de nuestra Universidad y nuestro país. Está en ti decidir ser cómplice, callarte ahora y sufrir los platos rotos de los políticos o estar en contra, organizarte y luchar contra este atropello.
Por una universidad democrática, justa y participativa 